La doble vara de Ramos Heredia: el nuevo Fiscal de la Nación y César Álvarez

El 12 de mayo asumirá el cargo de Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, primo de la primera dama, y Panorama encontró una historia escondida respecto a lo que podría pasar con 15 fiscales anticorrupción de Áncash. En determinado momento hubo una solicitud hecha por Ramos Heredia de sanciones para ellos porque se atrevieron a incomodar al presidente regional de Áncash, César Álvarez. Sanciones que van desde la amonestación hasta la destitución por haber firmado simplemente un pronunciamiento público.
FUENTE: Panorama

Proceso disciplinario.

Fiscalía investigará a 14 jueces y fiscales del Santa y de Áncash

Fiscalía Suprema de Control Interno encontró graves irregularidades en investigaciones de corrupción en casos relacionados al presidente regional César Álvarez. Se ha dispuesto la revisión de todos los casos archivados.

César Romero C.

Graves irregularidades en las investigaciones de corrupción en la región Áncashencontró el personal de la Fiscalía Suprema de Control Interno que visitó las sedes de la Fiscalía en los distritos judiciales del Santa y Áncash.

La visita de control duró 10 días y permitió recoger copias de carpetas fiscales y expedientes judiciales en investigaciones al presidente César Álvarez y funcionarios de la región Áncash y municipalidades de dicha zona.

Basado en dicha información, el fiscal supremo de Control Interno y fiscal de la Nación electo, Carlos Ramos Heredia, iniciaría investigación al menos a 14 magistrados de Chimbote y Huaraz.

Ramos Heredia recibió el miércoles 16 de abril un informe pormenorizado de los hallazgos. En la reunión estuvo presente la jefa de la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Santa, Ruth Mariel Gonzales Sánchez.

Se han descubierto irregularidades tanto a nivel de la fiscalía como del Poder Judicial. Las investigaciones estaban mal planteadas o no se realizaban las diligencias necesarias para esclarecer los hechos denunciados.

A LA OCMA

En otros casos, los fiscales no apelaban las resoluciones judiciales que rechazaban las denuncias o que cuestionaban las investigaciones mediante hábeas corpus o acciones de amparo.

A nivel judicial, muchas resoluciones de sobreseimiento de causa o de acciones de garantía no están debidamente fundamentadas o estas son insuficientes o no explican por qué se toma una u otra decisión.

La información referente a los magistrados del Poder Judicial será adicionalmente remitida a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).

El personal de la Fiscalía de Control Interno volverá a viajar al Santa y a Áncash para recoger información adicional, en especial de todos las investigaciones de casos de corrupción archivados durante estos años.

Pese al hermetismo con el que se maneja el tema, trascendió que entre los fiscales que serán investigados se encuentran el ex fiscal superior coordinador anticorrupción Pedro Reyes Calderón, José Olivos Cosio, Laureano Añanca Chumbe, Miriam Vilva Juárez, Ángel Chicle Flores y el fiscal superior Romel Paz Sánchez.

Romel Paz solicitó 20 años de prisión para los presuntos sicarios Alexis Reyes Camones, "Loco Alexis"; Arnaldo Ordinola Muñoz, "Nayo"; y Jaime Sánchez Cachay, "Piolín", por el atentado contra Ezequiel Nolasco, donde murió su hijo.

Sin embargo, cuando los jueces de la Sala Penal Liquidadora del Santa, Linda Vanini Chang, Pedro Rodríguez Huayaney y Roma Cruz Avilés, lo absolvieron, Paz se quedó conforme y no apeló para que el veredicto sea revisado por la Corte Suprema.

BECARIOS

¿Por qué Paz no apeló? Eso es algo que él deberá esclarecer en la investigación. Lo mismo tendrán que hacer los jueces superiores Vanini, Rodríguez y Cruz. Ellos formaron parte del selecto grupo de magistrados que viajaron, a fines del 2012, a San Diego, California, a una capacitación pagada por la administración Álvarez.

Otros jueces que están en la mira son Eloy Sotelo Mateo y Ever Gutiérrez. Eloy Sotelo, otro de los jueces becados por la región Áncash, excluyó al alcalde del Santa, Luis Arroyo, de la investigación del caso La Centralita.

Mientras que Ever Gutiérrez, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, por un lado demoró incorporar como actor civil a la Procuraduría en el caso La Centralista, y, de otro lado, en tiempo récord, excluyó del proceso a los llamados "periodistas comando".
Por el mismo tema deberán responder los jueces de la Sala de Apelaciones de Huaraz Carlos Rodríguez Ramírez, Betty Tinoco Huayaney y Demetrio Vela Marroquín, que excluyeron a César Álvarez.

Se actuará con celeridad, dice

"Vamos a actuar con celeridad y drásticamente en el Santa y Áncash para recuperar la imagen del Ministerio Público y terminar con la impunidad que parece reinar en la zona", afirmó el fiscal supremo de Control Interno y fiscal de la Nación electo, Carlos Ramos Heredia.

"Estamos iniciando ya  procesos disciplinarios y en otros estamos en la fase de recojo de elementos que nos permitan definir si se actúa por negligencia o desconocimiento o es evidente una inconducta funcional que debe aclararse en una investigación", subrayó.

Fuente: La Repuplica

Fiscalía de Chimbote investiga corrupción en coliseo de Álvarez

No obstante que la empresa constructora logró aumentar el costo original de la obra hasta por S/. 40 millones, ni siquiera avanzó la mitad.

Obra que se debió entregar en el 2011, solo se ha avanzado en un 45 por ciento y la constructora ya recibió un adelanto del 60 por ciento de los 40 millones acordados.

María Elena Hidalgo.
Con un pomposo discurso y abundante confetti, como suele estilar cada vez que presenta una obra pública, el presidente de la Región Áncash, aupado en un volquete, dio inicio a la construcción del coliseo cerrado Gran Chavín, ubicado en Chimbote, el 19 de julio del 2011. 
A un costo de 33.4 millones de soles, la infraestructura diseñada para albergar a casi 9 mil almas fue adjudicada a la Corporación Salem, integrada por las empresas Hocsa Contratistas Generales y BM3. "Con este megaproyecto, los deportistas chimbotanos entrenarán al igual que los grandes atletas de talla mundial", alardeó en esa ocasión César Álvarez.
Dos años y nueve meses después, la obra está en completo abandono.
La habilitación del coliseo de 33.4 millones de soles –que luego se elevaría a 40 millones, la joya de las obras públicas del presidente de la Región Áncash, sólo se ha avanzado con las justas el 45 por ciento.
Según la versión de César Álvarez, la responsabilidad por  la paralización de la edificación del coliseo Gran Chavín le corresponde al gobierno por no haber transferido los recursos financieros necesarios para culminar la obra.
La mano amiga
En el transcurso del caso, el Consorcio Salem y la gerencia de la Sub Región Pacífico acordaron incrementar el costo de la obra hasta 40 millones de soles, de los cuales se le adelantó S/. 26 millones (40%).
Ante la clamorosa suspensión de los trabajos de la construcción del coliseo –cuya entrega estaba prevista en un plazo de 266 días calendarios–,  intervino el procurador anticorrupción Richard Asmat Urcia. El 9 de mayo del 2013, Asmat formuló denuncia ante el Ministerio Público. Asmat acusó por presunto delito de colusión desleal al gerente general de la Sub Región Pacífico –dependiente de la Región Áncash–, Juan Gallo Zegarra; y como presuntos cómplices, a los representantes del Consorcio Salem, Anamelba Jacay Peña; y de la empresa Hocsa Contratistas Generales, Luis Torres Tuanama.
El caso recaló en el despacho del fiscal anticorrupción del Santa, Risel Chicle Flores, conocido familiarmente por la prensa chimbotana como el "fiscal archivador". Efectivamente, sucedió lo que se temía. El 18 de diciembre del 2013, el fiscal Chicle archivó la investigación relacionada a presuntos actos de corrupción en la construcción del coliseo cerrado Gran Chavín, obra promovida y financiada por la Región Áncash bajo la presidencia de César Álvarez Aguilar.
Pesquisa abierta
Para el fiscal Risel Chicle, no había delito de ninguna clase, no obstante que era público que el Consorcio Salem había recibido hasta un 60 por ciento de los 33.4 millones de soles del total del coste de la obra. Y solo avanzó la cuarta parte.
En medio del escándalo, el procurador anticorrupción Richard Asmat apeló la decisión del "fiscal archivador", y logró que la fiscal superior especializada en delitos de corrupción de funcionarios, Nancy Moreno Rivera, reabriera el caso  y dispusiera la formalización de la investigación, el 31 de enero del 2014. Además, resolvió, por obvias razones, que el caso no retornara al despacho del fiscal Chicle.
La fiscal superior Nancy Moreno consideró que se le había adjudicado la obra al Consorcio Salem, a pesar que no contaba con una carta de fiel cumplimiento vigente, como indica la Ley de Contrataciones del Estado.
Es más, el gerente general de la Sub Región Pacífico, Juan Gallo Zegarra, tampoco le reclamó al Consorcio Salem la renovación de la carta fianza, lo que también contraviene la normatividad. Por eso la fiscal Moreno estima que existió colusión para favorecer a la constructora.
En la resolución de reinicio de la investigación por la construcción del coliseo, la fiscal Nancy Moreno cuestiona que las autoridades regionales abonaron adelantos al Consorcio Salem sin ninguna garantía por el monto que se le entregó.
"Han transcurrido más de tres años, y según el gerente Juan Gallo, ya se le adelantó a la empresa el 60 por ciento, lo que no consta en el avance de la obra. Esto abona más a afirmar la existencia de un acuerdo colusorio entre los funcionarios públicos y los representantes de la empresa contratista", concluye la fiscal Nancy Moreno. En el transcurso de la investigación fiscal, no se descarta la inclusión de César Álvarez, quien dio comienzo con bombos, platillos y pica-pica el coliseo que hasta ahora no se termina de construir.
Denuncian al “fiscal archivador” de Chimbote, Risel Chicle Flores

La fiscal superior especializada en delitos de corrupción de funcionarios, Nancy Moreno Rivera, interpuso una queja contra el fiscal Risel Chicle Flores ante la Oficina Descentralizada de Control Interno del Ministerio Público del Santa.
La magistrada Moreno lo acusó de haber archivado el caso de la obra inconclusa del coliseo cerrado Gran Chavín, sin haber efectuado ninguna diligencia de esclarecimiento, a pesar que retuvo el caso durante 7 meses.
El procurador anticorrupción, Richard Salas Beteta, también denunció al "fiscal archivador" Rosel Chicle, esta vez ante la Fiscalía Anticorrupción Provincial del Santa.
En el documento presentado por Salas se precisa que durante el tiempo que tuvo el caso en sus manos, Chicle solamente hizo dos disposiciones: una, del 15 de mayo del 2013, para abrir la investigación, y otra del 18 de diciembre del mismo año, para archivarla.

Claves

versión. Para el presidente de la región César Álvarez, el problema del coliseo es de dinero. Atribuyó al gobierno, y en particular al ministro de Economía, Miguel Castilla, de retener 158 millones de soles para concluir obras paralizadas por la presunta reducción del canon minero,
 he dicho.  "El gobierno nos está paseando, no nos dice cuándo entregará los fondos", dijo Álvarez

FUENTE: La República

http://www.larepublica.pe/17-04-2014/fiscalia-de-chimbote-investiga-corrupcion-en-coliseo-de-alvarez

Gabriel García Márquez murió hoy en México a los 87 años

Destacado autor colombiano se fue, pero sus obras lo mantendrán vivo en la memoria mundial.

MINUTO A MINUTO

19:56 Director de la Fundación Gabriel García Márquez para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), Jaime Abello Banfi:Nuestro querido Gabriel García Márquez se ha ido físicamente, pero permanecerá vivo entre nosotros a través de sus ideas, sus textos, su memoria.

FUENTE: La República

http://www.larepublica.pe/17-04-2014/gabriel-garcia-marquez-fallecio-a-los-87-anos

Expediente Ramos Heredia: el primo fiscal de Nadine en Panorama

El miércoles, con el voto de cuatro fiscales supremos, incluido el suyo, fue elegido Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia. Poco importaron los cuestionamientos sobre su sospechosa actuación.

FUENTE: Panoroma Tv

Áncash: misterios por resolver

Martes, 15 de abril de 2014 | 6:14 am

RELEVO. Entre Peláez y Ramos hubo una sucesión en la misma línea, pero el contexto es otro. Si las investigaciones son realmente profundas, podría haber más sorpresas en el Ministerio Público.

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En la nueva etapa que se abre luego del asesinato de Ezequiel Nolasco, ¿qué rol jugarán José Peláez, su sucesor Carlos Ramos Heredia y la nueva estrella del equipo, Heriberto Benítez?

Ricardo Uceda

Mientras en Chimbote hay diversos equipos de funcionarios tratando de desentrañar loscrímenes y la corrupción en torno al gobierno regional presidido por César Álvarez, el relevo en el Ministerio Público obliga a preguntarse en qué medida influirán los cambios en el curso de investigaciones. La pregunta es obligada y no hay manera de evadirla. El ex Fiscal de la Nación José Antonio Peláez, ahora encargado de los procesos de control interno en la Junta de Fiscales Supremos, fue un factor decisivo en la protección de Álvarez, y por ello está investigado en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y su sucesor, Carlos Ramos Heredia, tuvo dos actuaciones sobresalientes: por un lado, persiguió a fiscales que querían investigar al presidente regional; y por otro, permitió que la actuación institucional en Áncash fuera displicente o cómplice, como se prefiera. Siendo ambos los dos principales miembros en la junta de cinco fiscales supremos, ¿qué harán ahora?

Tanto Ramos como Peláez, en las páginas de este diario y por otros medios, han negado la complicidad que en esta columna se les atribuye, pero su defensa es más declarativa que asentada en hechos. Al punto que si las investigaciones avanzaran sin cortapisas, es muy posible que los indicios que comprometen a ambos magistrados queden aún más expuestos.

En el caso de Peláez, es conocida la decisión que tomó para despedir a los fiscales César Jiménez y Javier Estrada, que con orden judicial allanaron en 2012 La Centralita, el centro de operaciones políticas del presidente regional, donde presuntamente se realizaban pagos ilícitos. Pero no ha llamado tanto la atención que en octubre del mismo año desestimó un pedido de investigación a César Álvarez por enriquecimiento ilícito. El pedido lo hizo ante su despacho, expresamente, la Fiscalía Anticorrupción del Santa, en octubre del 2012.

¿Qué hizo Peláez? El 13 de julio del 2013 resolvió que no había mérito para continuar una investigación preparatoria en contra de la autoridad. Las únicas diligencias que practicó fueron tomarle su declaración indagatoria, recabar información de Registros Públicos —donde consta que no posee ningún bien—, obtener constancias de Infocorp de que tampoco poseía tarjetas de crédito, y solicitar su movimiento migratorio. Cualquiera podría pensar que es anómalo que una autoridad con más de un centenar de denuncias por irregularidades en contrataciones no tuviera un solo bien mueble o inmueble a su nombre. Pero ese mal pensamiento no cruzó por la mente del entonces Fiscal de la Nación. 

En el momento del archivamiento existían los mismos indicios que ahora para presumir que podía haber actos de corrupción en el gobierno regional. El magistrado pudo haber actuado como con los ex presidentes Alejandro Toledo y Alan García, a quienes se les levantó elsecreto bancario. Pero el escrutinio a Álvarez no incluyó la inspección de sus cuentas ni de sus comunicaciones, ni los bienes de sus familiares y allegados. Considerando las dimensiones de lo que es necesario investigar en Áncash, este procedimiento pasará a ser una actividad fundamental en las investigaciones a centenares de personas. Solo se podrá comprobar si hubo coimas descubriendo dinero imposible de justificar.

Por otra parte, el ex Fiscal de la Nación recibió en 2012 la carpeta de La Centralita para evaluar si correspondía solicitar el desafuero del congresista Heriberto Benítez, a efectos de que fuera investigado por su intento de impedir el allanamiento del inmueble, el 13 de julio del 2011. Peláez devolvió el expediente a Áncash, opinando que no correspondía investigar al congresista. Tiempo después, Ezequiel Nolasco solicitó infructuosamente a la Comisión de Ética del Congreso que le abrieran proceso. 

Estos episodios de hace casi dos años cobran nuevamente actualidad porque a partir de la indignación causada por el asesinato de Nolasco hay una revisión de todo lo actuado con los casos que involucran a César Álvarez. Esto incluye los crímenes, las denuncias por corrupción, la investigación aún pendiente en el expediente de La Centralita y la propia actuación de los fiscales y jueces. El 10 de abril, la Procuraduría Anticorrupción denunció penalmente a Risel Chicle, conocido como el fiscal archivador, por no haber investigadoirregularidades denunciadas en dos obras públicas. Semanas antes, la recientemente nombrada presidenta de la Junta de Fiscales del Santa, Nancy Moreno, lo había retirado de uno de estos casos. Peláez nombró a Moreno a comienzos de marzo, una semana antes del asesinato de Nolasco, cuando era insostenible, por el rechazo que causaba, la actitud complaciente con Álvarez del antecesor, Dante Farro. Ahora es posible que Farro también sea denunciado.

Lo menos que puede decirse de Farro es que era funcional al apoyo que brindaba el Ministerio Público de Áncash al presidente regional. Moreno, en cambio, fue cambiada por mantener una actitud fiscalizadora, y por eso su regreso ha devuelto la confianza de la población de Áncash en el Ministerio Público. En el expediente del caso La Centralita figura una declaración muy comprometedora para Farro. Pero no solo para él.

El 13 de julio, antes de que La Centralita fuera allanada sin que se encontrara nada en su interior, porque la información se había filtrado en la mesa de partes del Poder Judicial, Farro convocó a una reunión a César Jiménez, recibiéndolo en su despacho junto con Álvarez y el congresista Benítez. Un año después, Jiménez rindió una manifestación formal ante la fiscal Jenny Vilcatoma, en la que sostiene que Farro le advirtió que tuviera cuidado con la realización de la diligencia, “ya que el señor César Álvarez tenía mucho poder y muchas influencias con dos fiscales supremos del Ministerio Público”.

Una declaración de este tipo, dentro de un expediente cualquiera, ameritaba una actuación del órgano de control interno. Por supuesto que no la hubo, porque uno de los fiscales supremos aludido era Ramos, a cargo precisamente de la supervisión de los fiscales. El otro era Peláez. Poco después de la declaración de Jiménez, el expediente fue archivado —una de tantas veces—, pero ahora está reabierto. ¿Habrá una denuncia contra Farro?¿Investigará Peláez, ahora a cargo de control interno, de qué fiscales supremos se trata?

Es interesante lo que declararía Farro. Quizá no estaba comprometido con Álvarez sino sencillamente seguía la cuerda a sus jefes en Lima. De todos modos, esta es una situación que pondrá a prueba los actuales ímpetus investigadores de los poderes del Estado, y la actitud que adoptará la nueva conducción del Ministerio Público. 

Si Peláez y Ramos mostraron cierta discreción para ayudar a Álvarez en el Ministerio Público, Benítez, en el Parlamento, era todo un león. El congresista Modesto Julca ha tomado la posta dejada por Nolasco con su pedido de procesar a Benítez en la Comisión de Ética, para pedir que su conducta sea ventilada en esa instancia. Los hechos a considerar serían tanto su resistencia durante el allanamiento de La Centralita, como su condición de operador político de Álvarez en el Congreso. No es un delito, claro, pero se plantea que defender sistemáticamente a una autoridad acusada de corrupción no es compatible con la responsabilidad fiscalizadora de un parlamentario.

Es un asunto a debatir. ¿Los congresistas defensores de Alan García, Alberto Fujimori y Alejandro Toledo cometen una falta ética por ser tan machacones? De acuerdo con Julca, Benítez trasgrede todo límite: en su escrito menciona once episodios en los que no hizo otra cosa que obstaculizar las investigaciones a quien defendió como abogado y fue financista de su campaña electoral. Asegura, por otra parte, que apoya a Álvarez en sus gestiones particulares, una función ajena a la de un parlamentario. Al margen de si este procesamiento se produce, no cabe duda de que la verdadera condición de este parlamentario es cada vez más transparente. A su pesar, por cierto.

FUENTE: La República

http://www.larepublica.pe/15-04-2014/ancash-misterios-por-resolver

Casos por corrupción en gestión de Álvarez comprometen S/. 1,000 millones

Martes, 15 de abril de 2014 | 6:11 am

sin tregua. Procurador anticorrupción Christian Salas sigue de cerca el caso Álvarez.

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Durante su gestión como presidente regional de Áncash, entre 2007 y 2013, recibió 1,842 millones de soles como concepto por canon minero. Según la Contraloría General de la República y la Procuraduría Anticorrupción, las denuncias por presuntos actos ilícitos en adquisiciones y contrataciones de obras públicas durante el periodo de César Álvarez Aguilar son por un monto que supera el 50% del canon.

Lupe Muñoz.

Trece casos de presuntos actos de corrupción que involucran a funcionarios de la Región Áncash, entre ellos al presidente César Álvarez Aguilar, se encuentran estancados o avanzan con sospechosa lentitud en el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Contra César Álvarez se han presentado 35 denuncias, y ha conseguido librarse de 23.El mismo destino podrían seguir la docena de casos que están pendientes de resolución. En la mayoría de casos, las autoridades fiscales y judiciales desestimaron las acusaciones por la supuesta carencia de pruebas.

Desde el 2007, en que inició su primera gestión como presidente del Gobierno de la Región Áncash, hasta el 2013, el penúltimo año de su segundo periodo, César Álvarez ha recibido por concepto de canon minero 1,842 millones de soles, sin contar el canon hidroenergético (18 millones 642 mil) y el canon pesquero (15.5 millones de soles) en el mismo periodo.

Las investigaciones en curso por presuntos actos de corrupción abarcan contrataciones u obras públicas por cerca de 1,000 millones de soles (ver infografía). Es decir, más de la mitad de lo que ha recibido el gobierno de la Región Áncash durante el mandato de César Álvarez.

El ex consejero regional Ezequiel Nolasco Campos en reiteradas oportunidades afirmó que César Álvarez se zafó  de las denuncias por su cercanía con las autoridades delMinisterio Público y el Poder Judicial. 

En una reciente inspección de la Procuraduría Anticorrupción en Áncash, detectó que los casos contra César Álvarez siguen el mismo patrón de archivamiento por presunta falta de pruebas, y, en no pocos procesos, los fiscales o jueces que tuvieron en sus manos los expedientes recibieron amenazas de muerte o fueron objeto de alguna forma de amedrentamiento.

Álvarez delegó a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) la contratación de obras públicas  por 840 millones de soles. La OEI cobra un porcentaje por su intervención. Su participación no es gratuita. 

De acuerdo con fuentes de la Procuraduría Anticorrupción y de la Fiscalía Anticorrupción de Áncash, el presidente de la Región Áncash recurrió a la OEI para presuntamenteevadir la fiscalización de la Contraloría General de la República.

Precisamente, en una reciente intervención pública, el contralor Fuad Khoury señaló que Álvarez ha destinado alrededor de 3 mil 500 millones de soles en la ejecución de obras públicas, y que de ese total 1,000 millones están comprometidos en denuncias por corrupción. 

Khoury mencionó que la Región Áncash gastó 3 millones de soles en una campaña contra el dengue, pero curiosamente en esa región no existe el vector que contagia la enfermedad.

CAJERO AUTOMÁTICO

Entre las licitaciones de las que se encargó la OEI se encuentra el mejoramiento de pavimentación de las carreteras Caraz-San Luis y Carhuaz-Chacas, así como la construcción del hospital La Caleta, en Chimbote,  por 177 millones de soles. En este último caso, la OEI adjudicó la obra a una compañía con problemas legales.

En todos los casos, César Álvarez manifestó que las denuncias no tenían fundamentoy que por eso o la Fiscalía de la Nación o el Poder Judicial las desestimaba.

En la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Santa se encuentra el caso del Proyecto Especial Chinecas. 

Se le atribuye a César Álvarez el presunto delito de peculado, por haber autorizado eldesembolso de 17 millones de soles para financiar la elaboración del expediente técnico del proyecto, que se le encargó al Consorcio Internacional Chinecas. Según la Procuraduría, el monto abonado es excesivo.

Respecto al proyecto denominado Mejoramiento de los servicios de Salud del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de Carhuaz, la investigación se ventila en la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. 

César Álvarez y funcionarios del gobierno regional de Áncash enfrentan denuncia penal por los supuestos delitos de peculado y colusión por haber asignado un presupuesto sobrevalorado para la habilitación de la obra en Carhuaz. 

La rehabilitación del Estadio de Rosas Pampa, ubicado en Huaraz, es otro de los proyectos más cuestionados de la gestión de Álvarez. La obra se ejecutó a un coste de 35.2  millones de soles. Sin embargo, un peritaje dispuesto por la Contraloría General de la República concluyó que se pagó en exceso 2.8 millones de soles. 

Por otra parte, los técnicos que evaluaron el estadio descubrieron una serie de deficiencias en el diseño y la construcción, como la reducción en un 25 por ciento del tamaño proyectado, lo que a los espectadores de las últimas filas del segundo nivel de la tribuna les impide ver la totalidad del campo de juego. 

Algo similar ocurrió en la adquisición de ambulancias también por 16 millones de soles. Un peritaje practicado por la Contraloría General de la República determinó que el Gobierno Regional de Áncash compró vehículos que no garantizaban la vida de los pacientes y quepagó 45 por ciento más de su verdadero valor, lo que arroja un pago de más de 7 millones 584 mil soles.

Las autoridades han tenido serias dificultades para que los casos avancen.

"Todos los casos tanto de Áncash como del Santa son emblemáticos porque estamos hablando de montos considerables de recursos públicos. Se trata de obras públicas sobrevaloradas e incluso mal construidas, con serias deficiencias técnicas", explicó a La República el procurador anticorrupción de Áncash, Richard Asmat.

"Se han detectado varias  sobrevaloraciones porque se han realizado comparaciones  con otros gobiernos regionales que han efectuado adquisiciones similares y ha costado mucho menos. Y porque existen peritos que así lo han determinado", indicó.

Sin embargo, César Álvarez, en declaraciones a este diario, ha manifestado que todas sonacusaciones infundadas lanzadas por sus enemigos políticos porque se aproximan las elecciones regionales.

La defensa de Álvarez consiste en que el Ministerio Público o el Poder Judicial lo han exonerado o apartado de los procesos.

Pero el procurador anticorrupción Richard Asmat sostiene que en muchos casos esas resoluciones son discutibles.

"Nosotros en todos los casos hemos solicitado determinadas diligencias que permitan esclarecer los hechos. Por ejemplo, hemos llegado incluso a requerir al mismo Gobierno Regional de Áncash  la documentación pertinente. Y cuando el Ministerio Público ha archivado los casos, los hemos apelado. Pero no ganamos en todo. Hay variasinvestigaciones que se han estancado o diluido y eso favorece a los denunciados", señaló.

Contraloría quiso parar el uso de la OEI

En el 2009, la Contraloría General de la República detectó el uso extensivo de gobiernos regionales como Áncash de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para lalicitación de millonarias obras públicas, como una forma de evadir la fiscalización. 

En el 2010 la Contraloría presentó un proyecto para que los organismos públicos no utilicen a la OEI como un mecanismo de evasión del cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

El Congreso desestimó el proyecto de ley que iba a poner fin al abuso del recurso de la OEI.
Los gobiernos regionales de Áncash, Cajamarca, Callao, Cusco, Loreto, La Libertad, Pasco y Junín han usado los servicios de la OEI, al igual que la Municipalidad de Lima en tiempos del alcalde Luis Castañeda.

Claves

Voz alta. El ex consejero regional de Áncash Ezequiel Nolasco Campos formuló varias denuncias sobre presuntos actos de corrupción en compras y contrataciones   durante la presidencia de César Álvarez.

Viejo estilo. Están documentados varios casos de fiscales que denunciaron a Álvarez que luego fueron víctimas de amenazas y acosos. También son movilizados pobladores para protestar contra los fiscales porque sus denuncias "paralizan las obras".

FUENTE: La República

http://www.larepublica.pe/15-04-2014/casos-por-corrupcion-en-gestion-de-alvarez-comprometen-soles-1000-millones