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El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, es cuestionado por una supuesta complicidad con César Álvarez cuando fue fiscal de control interno. (Foto: Carlos Ramos Heredia)
Lo que parecía ser una decisión acertada, terminó siendo, por decir lo menos, perjudicial para el proceso. El 7 de junio pasado la carpeta fiscal del Caso ‘La Centralita’ llegó a Lima por disposición del fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, y fue enviada a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Desde un principio, Ramos explicó que el cambio respondía a la gravedad, complejidad y repercusión nacional de este caso, pues los recursos con los que contaba el fiscal anticorrupción Laureano Añanca, quien estaba a cargo de la investigación en el Santa, no eran los suficientes. Hasta entonces, Añanca había conseguido que se dicte las prisiones preventivas para 47 involucrados, incluyendo la del empresario Martín Belaunde Lossio, y ya había solicitado levantar la inmunidad de los congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo, ambos acusados de recibir dinero de la corrupción del Gobierno Regional de Áncash, entonces presidido por el hoy preso César Álvarez.
Como primera consecuencia de esta medida, trece audiencias se quedaron, sospechosamente, pendientes de resolver, entre ellas, la orden de prisión preventiva para Milagros Asián, esposa de Álvarez, también acusada de pertenecer a la red de corrupción. Al parecer, había una urgencia de la fiscalía para que este caso sea visto en Lima.
LOS APUROS DEL FISCAL
El primer hecho irregular se dio el 26 de mayo, diez días después de que Álvarez fuera recluido en una carceleta. Ramos modificó, a través de la Resolución N° 1966-2014-MP-FN, las funciones de la Fiscalía Superior Coordinadora Nacional y las de la Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Con ello, los fiscales supraprovinciales especializados en este tipo de delitos, con su sola voluntad, podían trasladar las carpetas a la capital sin tomar en cuenta la opinión del fiscal que tenía a cargo el caso.
En virtud de esta directiva, diez días después, se ordenó traspasar el Caso ‘La Centralita’. Al día siguiente, el 6 de junio, el fiscal superior coordinador supraprovincial Gustavo Quiroz fue a Chimbote con el fin de llevarse ese mismo día el expediente. Así quedó demostrado en el informe elaborado por la fiscal Nancy Moreno, presidenta de la Junta de Fiscales del Santa. Moreno contó que se encontraba en mitad de una audiencia cuando, de manera intempestiva, esta se suspendió debido a la llegada de Quiroz.
Quiroz se encontraba entonces reunido con el presidente de la Corte Superior del Santa, Samuel Sánchez Melgarejo, y pedía la presencia de Moreno. Al llegar la fiscal, según el atestado al que tuvo acceso, el referido fiscal superior le exigió, de inmediato, que le entregue la carpeta del caso. Moreno respondió que ello era imposible debido a que el fiscal a cargo del caso (Añanca) se encontraba fuera de la ciudad. Quiroz insistió y le pidió que le entregara parte del expediente que tenía en su poder. Ante la negativa, llamó telefónicamente a la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación a fin de persuadirla. No consiguió su cometido. Al día siguiente, sábado 7 de junio, Añanca le dio la carpeta del caso. “Sin embargo, [Añanca] me informó que tenía algunos documentos y evidencias relacionadas al caso en su despacho que estaba con llave”, contó Moreno. Agregó que Quiroz le pidió que rompiera la puerta. Añanca, dijo la fiscal, no aceptó.
OTRA VERSIÓN
El procurador anticorrupción, Christian Salas, contó que desde que el fiscal Marco Huamán Muñoz asumió el Caso ‘La Centralita’ en Lima ha caído en una sospechosa dilación. Narró que a la fecha Huamán no ha tomado la declaración de Álvarez. A ello se suma, dijo, que la semana pasada el Poder Judicial excarceló a tres procesados. Advirtió que podrían venir más liberaciones.
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