Policía busca a empresario Orellana para que responda por lavado

 Magistrada ordenó ayer su detención y la de 23 personas de su entorno para que responda por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Su socio Benedicto está arrestado y Orellana se mantiene escondido.

César Romero. A pedido de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, la jueza penal nacional Mercedes Caballero ordenó ayer la detención preliminar del empresario inmobiliario Rodolfo Orellana Rengifo y 22 de sus principales colaboradores, entre ellos el coronel PNP en retiro Benedicto Jiménez Baca, para ser investigados por delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

En cumplimiento de esa decisión judicial, a las seis de la tarde fue detenido Benedicto Jiménez cuando salía del local de la revista Juez Justo, en la avenida Guardia Civil, en San Borja. Hoy será puesto a disposición del juzgado para verificar su identidad y continuará en manos de la policía y la fiscalía para la investigación respectiva. 

Mientras tanto, un equipo especial de la policía y de fiscales vienen allanando diversos inmuebles en Lima, donde se esperaba encontrarlo. Rodolfo Orellana no era visto desde hace una semana en público. En los últimos días, el empresario había respondido los interrogantes de la prensa solo por teléfono y vía internet, aduciendo que se encontraba delicado de salud. El juzgado ha ordenado a la policía el ingreso a sus inmuebles si fuera necesario.

Las autoridades creen que Orellana podría estar oculto en algún lugar de provincias y que buscaría salir del país, por lo que se dispuso que la policía de fronteras esté en alerta. La orden de detención preliminar fue solicitada por la fiscal a cargo de la Segunda Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, Marita Barreto Rivera.

La detención preliminar tendrá una duración de 15 días, a partir de su ejecución. La orden se mantiene vigente hasta cuatro meses, para los que no sean ubicados de inmediato. En el caso de los detenidos, se decidirá después de los 15 días si permanecen con prisión preventiva hasta que concluyan las investigaciones y se inicie el juicio público.

Los cargos en su contra

Orellana Rengifo es acusado por la fiscalía de dirigir una organización dedicada al blanqueo de capitales procedente del tráfico de terrenos de propiedad del Estado y de particulares, además del tráfico ilícito de drogas y probablemente de otros hechos ilícitos. 

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el Grupo Orellana se apropia de inmuebles o terrenos a través de supuestas deudas por préstamos de dinero en efectivo, laudos arbitrales fraudulentos, empresas liquidadoras y medidas cautelares en Lima y provincias, especialmente en las cortes de Ucayali y Áncash. 

Entre sus víctimas se encuentran el Hospital Hermilio Valdizán, la Fundación por los Niños del Perú, el club Alianza Lima, las municipalidades de La Victoria, Miraflores y San Borja, la SBS, la Sunat, las cooperativas de ex trabajadores de la Marina de Guerra (Coopemar) y de la ex Compañía Peruana de Teléfonos (Cervatel), Giovanni Paredes, Carola Canales Cayo, Nelson Shack, entre muchos otros. 

La procuradora de lavado de activos Julia Príncipe y la fiscalía contra la Criminalidad Organizada empezaron a investigarlo desde el 2010, pero recién en los últimos meses las indagaciones pudieron avanzar, sobre todo luego que su nombre apareciera vinculado al caso La Centralita, hecho por lo que está con prisión preventiva el presidente de la región Áncash, Carlos Álvarez. 

En octubre del año pasado, los abogados de Orellana logran paralizar las investigaciones gracias a un hábeas corpus que les concedió un juez de la lejana localidad de Atalaya, a orillas del río Ucayali. En abril último, la investigación recién pudo ser reabierta, esta vez a cargo de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, que recibió instrucciones directas del fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, para actuar sin más dilaciones.  

Por otro lado, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso la intervención de la Corte Superior de Ucayali, mientras que se revocaron la red de amparos y medidas cautelares que había obtenido en esa jurisdicción.

Comprador  de juicios

Rodolfo Orellana se define asimismo como un empresario que compra juicios o propiedades en litigio, lo que no está prohibido por ley. Sin embargo, sus víctimas están seguras de que tiene controlada la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), donde registradores y otros funcionarios le informan de la existencia de terrenos o inmuebles de grandes extensiones cuya inscripción no está saneada.

Entonces, aparecen el empresario y todo su equipo legal en escena. Primero, una persona cualquiera se declara dueña del predio y lo vende, alquila o sede en anticipo de legítima, y poco después finge su muerte, si es que en realidad no estaba muerto hace tiempo, y otra persona usurpaba su identidad.
A continuación, el nuevo propietario o inquilino lo vuelve a transferir, alquilar o dejar como garantía de un préstamo de dinero en efectivo, incluyendo en el contrato respectivo una cláusula de arbitraje ante cualquier controversia o incumplimiento del pacto. 

Lógicamente, el bien no se entrega, el contrato se incumple y se va al arbitraje. Hasta ese momento el legítimo propietario, posesionario o usuario del inmueble no sabe nada de lo que se hace a sus espaldas. Sin mayor indagación sobre la veracidad de los documentos que les ponen en sus manos, los árbitros emiten un laudo ordenando la entrega inmediata del inmueble.

A continuación, el laudo se inscribe en Registros Públicos o se inicia un proceso judicial para lograr su inscripción y el desalojo y entrega del inmueble. Recién entonces los propietarios se enteran de que su inmueble ya no les pertenece. Lo que pueden hacer es muy poco.

Caso Los niños del Perú

Esto es lo que sucedió con el Ministerio de Educación, al que pretenden despojar de dos inmuebles en La Molina, reservados para construir colegios. Igual pasó con el Hospital Hermilio Valdizan, el estadio de Alianza Lima, el coliseo Sol y Sombra y  el Camal de Yerbateros  de Giovanni Paredes y un terreno de engorde de ganado de la familia Canales Cayo, en la Panamericana Sur.

 En otros casos, como le sucedió al argentino Néstor Rodolfo Sack, dueño de un terreno de 10 mil metros cuadrados en Chaclacayo, la Fundación por los Niños del Perú, por una casa en Los Cóndores, también en Chaclacayo, y Marco Llanos Aparcana, por una casa en la avenida Guardia Civil, la organización Orellana les alquila los inmuebles, incluyendo cláusulas de arbitraje para solucionar cualquier controversia.

Posteriormente, con el inmueble en su poder proceden a realizar supuestos arreglos en la propiedad y dejan de pagar los alquileres. Cuando el propietario reclama, afirman que los arreglos han costado un montón de dinero y piden pasar a arbitraje, que siempre les resulta favorable. Orellana tiene su centro de operación en la casa de la avenida Guardia Civil, mientras que ha fijado su residencia familiar en la casa de la Fundación por los Niños del Perú.

Caso Scotiabank

Otra modalidad es lo que ha sucedido con el Scotiabank y otras entidades bancarias y cooperativas. Al banco le solicitan préstamos, hipotecando  o dejando en garantía inmuebles, que luego transfieren a otra persona o empresa, por supuestas deudas más antiguas. 

Luego, el nuevo propietario se declara insolvente y se pone en manos de una empresa liquidadora que levanta las hipotecas y vende las propiedades, y para cuando el banco busca cobrar, ya no queda nada. El ex presidente de Alianza Lima Guillermo Alarcón fue uno de los beneficiarios con este accionar, en agravio de la cooperativa Abaco.

Pero todas estas actividades suponen el movimiento de ingentes cantidades de dinero, por lo que las autoridades sospechan que el dinero del narcotráfico podría estar financiando todo este entramado jurídico.

Para defenderse, además de sus abogados, Orellana formó la Asociación Juez Justo y Unidos contra el lavado de activos, dirigidos por el ex oficial de la Dircote Benedicto Jiménez, para atacar mediante la prensa y falsas denuncias a los que se atrevían a denunciarlos e investigarlos. 

 Influencia de Orellana se mantiene en Ucayali

 La fiscalía y la policía intervinieron el "búnker" de Rodolfo Orellana y sede del pasquín "Juez Justo", en la avenida Guardia Civil 835, San Isidro. La policía inspeccionó todos los ambientes e incautó una serie de documentos en busca de evidencias de los actos ilícitos que se atribuyen al mencionado empresario.

"Están vulnerando el derecho a la libertad de expresión, es una persecución contra Juez Justo", declaró Benedicto Jiménez, al llegar detenido a la sede de la Dirincri, en la avenida España, en el centro de Lima. De acuerdo con el procedimiento, deberá permanecer en una sede policial mientras duren las investigaciones. 

En tanto, el vocero de Orellana, Carlos Camacho, se comunicó con los medios de comunicación para informar que el empresario inmobiliario está evaluando la situación con sus abogados y que se pondría a derecho en las próximas horas. 

Mientras tanto, en algunos juzgados parece que aún no se debilita la influencia de Orellana. En Ucayali, el juzgado de Yarinacocha se niega desde hace siete meses a archivar un amparo que este promovió contra el 28° Juzgado Civil de Lima, para apoderarse de dos inmuebles en la Panamericana Sur. A su vez, en el 28° Juzgado Civil también se mantiene abierto el proceso, se han perdido dos resoluciones y parecen estar a la espera de lo que suceda en Ucayali, denunció Carola Canales Cayo.

 Los detenido

 Hermanos. Los hermanos de Rodolfo Orellana, Ludith y Rengifo Orellana Rengifo,  estarían detenidos al igual que Wilmer Arrieta Vega, César Ferre Simonetti, Carlos López Noriega, Esther Morales Schaus, ÓOscar Pantoja Barrero y Churchil Ríos Vela.

los buscados. Están con orden de captura William Cruzalegui Caballero, Manuel Villacrez Arévalo, Rafael Samaniego Arauco, Jhonny Vásquez Hummel, entre otros personajes del entorno de Orellana.
larga lista. La investigación alcanza a 70 personas. La fiscalía solo pidió la detención para las personas, sobre las que había más evidencias. 

Fuente: La Repùblica